viernes, 14 de junio de 2013

Sin otra opción

Como consecuencia de conflictos, guerra o persecución, cada minuto ocho personas se ven forzadas a abandonar sus hogares. Hoy, más de 43 millones de personas han sido desplazadas en el mundo. Chile se ha planteado ante la comunidad internacional como país de acogida y reasentamiento. Ahora, las políticas públicas de Estado deben responder a los desafíos actuales de refugio e inmigración.
Tania Elizabeth

Perú, julio de 1992: El escuadrón paramilitar La Colina detiene a diez miembros de la universidad limeña de La Cantuta. Nueve estudiantes y un profesor fueron detenidos, torturados, descuartizados, incinerados y enterrados en pedazos en varias playas de Lima. El grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), mientras que el presidente Alberto Fujimori lo respaldaba en su “lucha contra el terrorismo”.

Rodolfo Noriega Cardó, abogado de la Universidad de Lima, denunció los hechos a nivel nacional e internacional y llevó el caso a la justicia. Como represalia, él y su familia comenzaron a ser perseguidos por altos funcionarios del Estado peruano. Noriega sabía que, si se quedaba en el Perú, sufriría pronto el mismo destino que quienes intentaba defender. Partió entonces a Chile, el 27 de junio de 1995.

Un refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad. También incluye a toda persona que huye de su país amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. A nivel internacional, la regulación de este derecho se encuentra contenido en la  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en el Protocolo de 1967. A nivel regional, está en la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984.

Hoy, Chile alberga a cerca de 2000 refugiados y solicitantes de asilo. Si bien los refugiados provienen de 35 países de América Latina, África, Asia, Europa, más del 90% de ellos son de nacionalidad colombiana. Las cifras de solicitudes de refugio han aumentado estrepitosamente. En el año 2002, se recibieron 42 solicitudes, mientras que en 2007, se alcanzaron 820.

Hasta hace dos años, toda migración estaba regulada por la ley de extranjería de 1975. Según Yamile Cabrera Cuevas, coordinadora de la Oficina Municipal para Migrantes y Refugiados (OMMR) de la Municipalidad de Quilicura, se debe recordar el contexto histórico en el que fue redactada, pleno régimen militar. “Esta ley es la única de América Latina que no se ha actualizado. Ve al extranjero como un peligro o amenaza y no está acorde a los estándares internacionales en la materia, estándares a los que Chile se ha comprometido. Como fue en dictadura, funciona con una  lógica  de  seguridad  al  Estado  y de  expulsión”, señala Cabrera.

En 2010 se introdujo en el ordenamiento jurídico un instrumento propio y específico sobre la temática de refugio: la ley 20.430, que estable las disposiciones sobre protección de refugiados. Señala que para pedir refugio estando ya dentro del territorio nacional, la persona debe ir a cualquier oficina de Extranjería. También se puede hacer la solicitud ante la autoridad migratoria que se encuentre en el paso fronterizo.

La 20.430 concede además a los refugiados los mismos derechos y libertades que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales firmados por Chile dan a los ciudadanos chilenos. Incluso estipula que los refugiados deben recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal en Chile, entre ellas acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo.

Aunque esta ley afirma que los refugiados o quienes soliciten refugio no serán discriminados por raza, color, sexo, edad, estado civil, religión, nacionalidad, idioma, origen social o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, opiniones políticas o cualquier otra situación; Amnistía Internacional (AI) denuncia arbitrariedad y discriminación en la entrada al país como solicitante de asilo. “Se  observa que en frontera se hace distinción entre las personas solicitantes de asilo en base a aspectos físicos, recursos económicos y país de procedencia. Dicha arbitrariedad nos lleva al incumplimiento del principio de protección del solicitante de asilo”, señala Macarena Machín Álvarez, coordinadora del Equipo de Migración y Refugio de Amnistía Internacional.

Otro ángulo que preocupa a AI es el proceso de la formalización de la solicitud de refugio. La ley establece que la persona que busca protección debe presentar la solicitud en las oficinas del Departamento de Extranjería y Migración (DEM). Así, en este proceso se ha creado un paso práctico adicional, que no está contemplado en la ley. Consiste en que el funcionario o funcionaria del DEM realiza una entrevista a la persona solicitante de refugio, donde tiene que narrar su historia y responder muchas preguntas. “Es el funcionario quien decide si le entrega o no el formulario, que se debe llenar como primer paso para formalizar esta solicitud. En este sentido, dicha práctica ejercida por el DEM constituye una violación al derecho de asilo inserto en la Convención de 1951 y la Convención Americana”, concluye Machín.

Rodolfo Noriega, que actualmente preside el Comité de Refugiados Peruanos en Chile, también está consciente de ese problema. “Chile viola reiteradamente el artículo 22 del Pacto de San José de Costa Rica, porque niega el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo. Los funcionarios de extranjería les dicen: ‘yo ya me sé su cuento, ya me sé su historia, todos cubanos dicen lo mismo. Y los mandan a pedir una visa que obviamente nos les van a dar porque están de ilegales”, dice con enojo.

Noriega también critica la cantidad y tipo de documentación que exige el DEM para acreditar la condición de refugiado: “Yo salí de mi país porque me estaban persiguiendo. Eso es un hecho objetivo, no es un temor en el aire. No salgo preparado con pruebas y documentos, porque está en juego mi  vida ¿Le iba a pedir al que me quería matar que por favor firmara una declaración jurada? Es una estupidez. Y, más encima, tienes que presentar los documentos en un plazo de diez días”.

Además, critica la posición del Estado frente a la fuerte inmigración haitiana luego del terremoto de 2010. “Un haitiano no es un inmigrante cualquiera, porque salió de su país por motivos humanitarios. Entonces si le niegan el refugio y quiere quedarse en Chile, tiene que laborar. Pero para poder optar a un empleo, les solicitan la visa a la hora de hacer el contrato y, a la vez, para poder acceder a una visa se trabajo se les exige un empleo estable con contrato. Es una trampa”, concluye Noriega.

Según indican cifras del Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior, el total de la población extranjera residente en Chile es de 352 mil 344 personas. Es decir, el 2,08% del total de quienes habitan en el país son extranjeros. Se caracteriza, entre otros factores, por una población en edad activa (85% está entre 16 y 59 años), educada y que migra para trabajar, mayoritariamente femenina y de origen latinoamericano.

En Estación Central se ubica la Organización Sociocultural de los Haitianos en Chile (OSCHEC). Adneau Desinord, presidente de la organización, es abogado. Vino a buscar paz y nuevas oportunidades. Sufre porque la prensa transmite reportajes e imágenes que incentivan estereotipos erróneos sobre la población refugiada, dañando la dignidad de estas personas así como instalando en el imaginario ciudadano una visión negativa y xenófoba de la población refugiada en Chile.

“Para llegar a Chile hay que tener mínimo dos millones de pesos ¿Tú crees que cualquier persona puede juntar esa plata? Somos personas de clase media que podríamos sobrevivir en Haití, pero como consecuencia de la inestabilidad política y económica, tuvimos que salir. Acá venimos a trabajar, porque creemos en salir adelante. Si quisiera robar, me quedo en Haití, porque me hago más plata”, cuenta Desinord.

Asimismo, siente que en este país no hay integración entre los chilenos, porque no todos tienen acceso a educación o salud. Asume entonces para los inmigrantes tiene que ser mucho más difícil.
“Acá, trabajando en el McDonald’s, estaba limpiando una mesa y llega una joven y me pregunta de qué nacionalidad soy. Le dije haitiano, porque estoy muy orgulloso de eso. Y me dijo: ‘oh, pobrecito ¿Cuánto tiempo llevas acá?’ Le respondí que cuatro años y me preguntó: ‘¿Tienes dónde dormir?’ Yo lo consideré como un insulto ¡Cómo cree eso después de cuatro años! Para los inmigrantes la primera preocupación es el arriendo. Y al final de la conversación me dio 500 pesos. Y le dije que yo no necesitaba su lástima, que mejor le fuera a dar a otros chilenos que piden 100 pesos y que sí están en la extrema necesidad, mucho más que yo ¿Y derecho a vivienda? Yo estoy hace cuatro meses buscando arriendo. Yo llamo y me dicen: ‘Señor, no arrendamos a extranjeros, menos a los haitianos, porque son los más pobres del mundo’ He intentado buscar abogados pero ninguno es experto en migración entonces no me ayudan”, cuenta con impotencia.

Mikens Supreme, director de comunicaciones de la OSCHEC, estudió lingüística. Habla español, inglés, francés, creole haitiano. Hoy trabaja repartiendo cartas porque es el único trabajo que pudo conseguir. Tiene una hija de dos años en Haití, a la que debe enviar dinero todos los meses. No puede ejercer su profesión, porque su título no tiene validez en Chile. Su sueño es reencontrarse con su familia, de la que él no eligió separarse, en un Haití en paz y autónomo.


Los políticos han llamado a mesas de trabajo con diversas organizaciones para participar en la redacción a la modificación de la ley migratoria de Chile. Tanto el Comité de Refugiados Peruanos en Chile como la OSCHEC participarán en esto.
Adneau Desinord - Presidente de la OSCHEC

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