miércoles, 22 de mayo de 2013




Lanzamiento campaña “A 40 años del golpe de Estado”
Amnistía internacional busca terminar con impunidad legislativa
Roberto Morales y Ana Piquer
Entre este 23 de mayo y el próximo 11 de septiembre, la ONG busca reunir firmas de ciudadanos de todo el mundo. La invitación es que la ciudadanía se sume al petitorio a las autoridades, para que el “nunca más” deje de ser una “promesa de buena fe” y en Chile no se vuelvan a vulnerar los derechos humanos como se hizo en el Régimen Militar.
Tania Elizabeth

“Sin derechos humanos, no hay seguridad para nadie”. Bajo esta premisa, los representantes de Amnistía Internacional, Ana Piquer y Roberto Morales, presentaron hoy una nueva campaña internacional que busca recolectar más de ocho mil firmas para reforzar la protección de los derechos humanos.
El objetivo de esta iniciativa —centrada especialmente en países europeos y de América— es que en Chile se cierren algunos flancos de impunidad que todavía persisten en la legislación, en relación a la protección de los derechos humanos, incluso después de 40 años del golpe militar de Augusto Pinochet.
Este petitorio contiene los cuatro puntos más importantes:
Primero, anular la ley de amnistía 2.191 de 1978: Esta ley concede amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978. También protege a quienes se encuentren condenados por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. Aunque esta ley sigue formalmente vigente, no se ha aplicado en más de veinte años.
También, reformar el Código de Justicia Militar: Según la ONG, la Justicia Militar no da las debidas garantías de independencia e imparcialidad que requiere el juzgar adecuadamente violaciones a los derechos humanos. Por eso, sería fundamental un cambio para asegurar que los abusos a los derechos humanos cometidos por personal militar y de las fuerzas de seguridad en Chile sean investigados y juzgados por tribunales civiles. Hoy los incidentes de violencia policial que puedan cometer personal de Carabineros termina siendo visto por la Justicia Militar en caso que se judicialice
Tercero, apoyar y fortalecer las iniciativas dirigidas a la preservación de la memoria histórica de las violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Chile: “Memoriales, educación en derechos humanos y preservación de la memoria histórica a través de la educación son elementos esenciales para dar garantías de no repetición”, aseguró Piquer.
Finalmente, asegurar la incorporación de los derechos humanos en todas las políticas y programas gubernamentales: “Lamentamos profundamente que estos temas estén siendo, en su mayoría, ignorados por el actual Gobierno y también por los candidatos presidenciales, quienes no han respondido las cartas abiertas enviadas por Amnistía Internacional”, señaló Morales.

Estos cambios en la legislación, según Amnistía, serían fundamentales para dar cierre a una época de la historia marcada por los crímenes contra la humanidad y los derechos humanos. “La impunidad del pasado es algo que se traslada al presente cuando las víctimas y los familiares ven que quienes atentaron contra ellos, siguen libres o han cumplido penas breves y no se adoptan las debidas garantías para la no repetición, haciendo que el ‘nunca más’ sea una promesa poco creíble”, concluyó Piquer.

lunes, 20 de mayo de 2013


Plan Invierno 2013
Escapar del frío en el Víctor Jara
Las bajas temperaturas que han afectado a la Región Metropolitana ponen en riesgo la vida de quienes duermen en las calles. Por eso, el pasado miércoles 15 de mayo se abrió el primer  y más grande albergue en el Estadio Víctor Jara, con capacidad para 300 personas, en la comuna de Santiago. Por distintas razones, estas personas pasarán los siguientes días de invierno juntos.
Tania Elizabeth Díaz González
Comedor 
Aunque este año se prometieron camas y camarotes, los colchones aún están en el suelo. No hay suficiente personal y se han negado a trabajar con voluntarios. Faltan almohadas y la ropa está guardada en cajas esperando ser entregada en situaciones especiales, como de lluvia.
5729 personas viven en situación de calle en la Región Metropolitana, según el catastro realizado por el Ministerio de Desarrollo Social. En la época de frío, la mayoría busca refugio en los albergues habilitados por el Gobierno. Con diferentes historias, encuentran compañía y forman comunidad.
Patricio “Pato” Galleta tiene 56 años y la noche del 15 de mayo, la más fría de lo que va del año, durmió en el parque Los Reyes. Él vaga por las calles de Santiago desde hace más de diez años, pero no pide limosnas. Trabaja en la Vega Central, donde vende adivinanzas: “Son muy igualitos y cuando están viejitos, abren los ojitos. Al mejor postor la vendo ¡El que sabe,  sabe y el que no, aplaude!”, dice mostrando su sonrisa sin dientes.
A la mañana siguiente, un feriante le contó que ya habían habilitado el albergue en el Estadio Víctor Jara. Pato Galleta recogió sus cosas en un saco y llegó temprano al estadio.
El lugar le trae recuerdos. Cuando joven fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (MIR). Y, como los que ayudan al correcto funcionamiento del establecimiento, fueron militares los que a culatazos le botaron los dientes por andar protestando.
Son las 5 de la tarde en punto y todavía no abren las puertas. Ya se encuentran más de veinte personas esperando impacientes. Buscan una ducha caliente, cena y abrigo. En la fila abundan las risas y chistes. Casi todos ellos se conocen. Duermen en parques, afuera de hospitales, en las laderas del Mapocho y pasan los inviernos juntos. Han hecho de la calle su hogar y se ayudan como familia.
Blanca vivía en un campamento en Renca junto a su esposo y su hijo. Hace un año, el Gobierno los sacó de la orilla del canal San Carlos. Ahora está a la espera del subsidio prometido, el que cumpliría su sueño de tener una casa básica a los pies del cerro Renca en 2014.
Antes de que habilitaran el albergue, Blanca y su familia dormían bajo uno de los tantos puentes que cruzan el río Mapocho. No pasaban hambre, porque iban a cenar al Hospital San José. Allí, todos los días a las 9 de la noche, van comunidades de hermanos evangélicos a entregar comida y café para el frío.
Después de más de 40 minutos y, ante los gritos molestos de quienes estaban esperando con ansias, las puertas se abren. Un equipo de Carabineros se ubica en la calle, con la misión de mantener el orden. En la entrada los encargados son, en su mayoría, militares.
En el recibidor, lo primero que salta a la vista son las imágenes de personas que están desaparecidas. Familiares llegan todas las noches preguntando si los han visto y dejan una foto como recordatorio. No pierden la esperanza de que, buscando refugio en el lugar, su ser querido sea encontrado.
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El proceso para ingresar es lento, porque prima la seguridad.
Todo el que entra es primero revisado con un detector de metales portátil.
Después, dan palmadas por encima de la ropa, buscando algún objeto ilegal. Los militares requisan todo elemento corto-punzante y bebidas alcohólicas, porque adentro hay ley seca. Deben inspeccionar todas las pertenencias, abren las mochilas, sacos y bolsas, verifican los bolsillos.
Los cuchillos, limas o navajas encontrados irán, marcados con el nombre del propietario, a un cajón. Así, quien se retire por la mañana puede llevarse lo que le pertenece.
Finalizada la revisión, otro militar entrega dos fichas plásticas de colores. La primera sirve para retirar el conjunto de útiles de aseo, que contiene champú, jabón y una toalla para ducharse cómodamente. La otra ficha es para la comida, que incluye cena y desayuno.
Lo último antes de entrar, es decir el RUT o nombre a quien esté llevando el registro computacional. Los datos se anotan en una planilla de Excel e indica a quiénes y a cuántos se está beneficiando con el programa.
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José Luis Antonio, también apodado “la loca del impermeable”, es alcohólico. Sabe que le va a costar mantenerse toda la noche sin beber, por eso pone su máximo esfuerzo en esconder su vicio. “Estos no me van a querer revisar la cosita”, ríe mientras oculta la botella con alcohol en su calzoncillo. “Yo tengo poderes: ¡Soy súper borracho!”, grita mientras gira y termina de beber otra botella que andaba trayendo. Como la Ley Seca es adentro, las personas con hálito alcohólico pueden ingresar sin problemas. No las hacen subir escaleras, las mantienen más vigiladas y, si molestan mucho, las obligan a ir a acostarse. Una parte del lugar es de uso exclusivo para los hombres que llegan ebrios.
Otra área es exclusivamente para parejas. Allí, en un colchón de plaza y media, pueden descansar. “Apretaditos es más calentito, más rico. Sabemos que acá es el Motel Víctor Jara y lo aprovechamos”, comenta con picardía Pepe, quien vaga con su pareja por la ciudad hace poco más de dos años. Acaban de tener trillizas, que nacieron prematuras y están internadas en el Hospital San José.
Ellos solían tener una casa, en Puente Alto. Pepe fue despedido y no conseguía encontrar trabajo. Buscó consuelo en la droga y su pareja también empezó a consumir. Al tiempo,  perdieron la casa. Pasan temporadas en albergues, en la calle, han arrendado una pieza. Ambos van al patio interior a fumar con regularidad, para tratar de calmar sus nervios. Tienen planes de arrendar un lugar barato, que sirva de hogar a su nueva familia.
El Ministerio y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) hicieron un acuerdo y seis personas estarán dando apoyo como monitores en el albergue, ante situaciones que requieran una intervención “más humana que militar”.
Patricia es trabajadora social y monitora. Aunque realiza feliz su labor, lamenta que, a su juicio, lo que se está haciendo es mitigar la consecuencia y no subsanar una de las causas que llevan a las personas a la calle.
“En Chile no hay buenos programas de rehabilitación. Tú ves que hay gente profesional que, por culpa de la droga, termina destruida y viviendo en la calle. Necesitamos rehabilitarlos, reinsertarlos en la sociedad”, afirma Patricia.
Dania también es monitora y se tituló recientemente de psicología. “Ahora el tema es contingente, pero el programa dura hasta el 15 de septiembre. Y los monitores vamos a tener que estar ahí, escuchándolos, tocándolos. La gente pelea fuerte, se pone complicada y ahí hay que pedir ayuda a los militares. En un albergue se viven situaciones al límite todo el tiempo. Hay que intentar mantener el control en una situación que es, por naturaleza, extrema”, señala.
El “Negro” Torres es trabajador social y es quien coordina el albergue. Él se encarga de resolver todas y cada una de las situaciones problemáticas que se puedan presentar. Asegura que el programa es para un “perfil de gente en situación de calle” y se niega a responder una pregunta sobre el previo ingreso de un mochilero de origen español. También, rechaza la presencia de prensa sin una autorización expresa de la encargada de comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Social. En la petición se deben aclarar los objetivos de la visita y las intenciones de lo que se quiere mostrar. Dice que “todo tiene que ser constructivo”, que la programación es fundamental porque ellos se rigen por una pauta estricta y no se funciona con visitas sorpresas. Su argumento es evitar que se vulneren los derechos, sobre todo a la privacidad, de quienes están en situación de calle y son presas fáciles de la prensa sensacionalista.
Son las 10 de la noche y se pide silencio. Las luces se apagan pasillo por medio. Ya es hora de dormir.