viernes, 14 de junio de 2013

Sin otra opción

Como consecuencia de conflictos, guerra o persecución, cada minuto ocho personas se ven forzadas a abandonar sus hogares. Hoy, más de 43 millones de personas han sido desplazadas en el mundo. Chile se ha planteado ante la comunidad internacional como país de acogida y reasentamiento. Ahora, las políticas públicas de Estado deben responder a los desafíos actuales de refugio e inmigración.
Tania Elizabeth

Perú, julio de 1992: El escuadrón paramilitar La Colina detiene a diez miembros de la universidad limeña de La Cantuta. Nueve estudiantes y un profesor fueron detenidos, torturados, descuartizados, incinerados y enterrados en pedazos en varias playas de Lima. El grupo operaba bajo órdenes directas de Vladimiro Montesinos, la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), mientras que el presidente Alberto Fujimori lo respaldaba en su “lucha contra el terrorismo”.

Rodolfo Noriega Cardó, abogado de la Universidad de Lima, denunció los hechos a nivel nacional e internacional y llevó el caso a la justicia. Como represalia, él y su familia comenzaron a ser perseguidos por altos funcionarios del Estado peruano. Noriega sabía que, si se quedaba en el Perú, sufriría pronto el mismo destino que quienes intentaba defender. Partió entonces a Chile, el 27 de junio de 1995.

Un refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad. También incluye a toda persona que huye de su país amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. A nivel internacional, la regulación de este derecho se encuentra contenido en la  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en el Protocolo de 1967. A nivel regional, está en la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984.

Hoy, Chile alberga a cerca de 2000 refugiados y solicitantes de asilo. Si bien los refugiados provienen de 35 países de América Latina, África, Asia, Europa, más del 90% de ellos son de nacionalidad colombiana. Las cifras de solicitudes de refugio han aumentado estrepitosamente. En el año 2002, se recibieron 42 solicitudes, mientras que en 2007, se alcanzaron 820.

Hasta hace dos años, toda migración estaba regulada por la ley de extranjería de 1975. Según Yamile Cabrera Cuevas, coordinadora de la Oficina Municipal para Migrantes y Refugiados (OMMR) de la Municipalidad de Quilicura, se debe recordar el contexto histórico en el que fue redactada, pleno régimen militar. “Esta ley es la única de América Latina que no se ha actualizado. Ve al extranjero como un peligro o amenaza y no está acorde a los estándares internacionales en la materia, estándares a los que Chile se ha comprometido. Como fue en dictadura, funciona con una  lógica  de  seguridad  al  Estado  y de  expulsión”, señala Cabrera.

En 2010 se introdujo en el ordenamiento jurídico un instrumento propio y específico sobre la temática de refugio: la ley 20.430, que estable las disposiciones sobre protección de refugiados. Señala que para pedir refugio estando ya dentro del territorio nacional, la persona debe ir a cualquier oficina de Extranjería. También se puede hacer la solicitud ante la autoridad migratoria que se encuentre en el paso fronterizo.

La 20.430 concede además a los refugiados los mismos derechos y libertades que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales firmados por Chile dan a los ciudadanos chilenos. Incluso estipula que los refugiados deben recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal en Chile, entre ellas acceso a la salud, educación, vivienda y trabajo.

Aunque esta ley afirma que los refugiados o quienes soliciten refugio no serán discriminados por raza, color, sexo, edad, estado civil, religión, nacionalidad, idioma, origen social o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, opiniones políticas o cualquier otra situación; Amnistía Internacional (AI) denuncia arbitrariedad y discriminación en la entrada al país como solicitante de asilo. “Se  observa que en frontera se hace distinción entre las personas solicitantes de asilo en base a aspectos físicos, recursos económicos y país de procedencia. Dicha arbitrariedad nos lleva al incumplimiento del principio de protección del solicitante de asilo”, señala Macarena Machín Álvarez, coordinadora del Equipo de Migración y Refugio de Amnistía Internacional.

Otro ángulo que preocupa a AI es el proceso de la formalización de la solicitud de refugio. La ley establece que la persona que busca protección debe presentar la solicitud en las oficinas del Departamento de Extranjería y Migración (DEM). Así, en este proceso se ha creado un paso práctico adicional, que no está contemplado en la ley. Consiste en que el funcionario o funcionaria del DEM realiza una entrevista a la persona solicitante de refugio, donde tiene que narrar su historia y responder muchas preguntas. “Es el funcionario quien decide si le entrega o no el formulario, que se debe llenar como primer paso para formalizar esta solicitud. En este sentido, dicha práctica ejercida por el DEM constituye una violación al derecho de asilo inserto en la Convención de 1951 y la Convención Americana”, concluye Machín.

Rodolfo Noriega, que actualmente preside el Comité de Refugiados Peruanos en Chile, también está consciente de ese problema. “Chile viola reiteradamente el artículo 22 del Pacto de San José de Costa Rica, porque niega el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo. Los funcionarios de extranjería les dicen: ‘yo ya me sé su cuento, ya me sé su historia, todos cubanos dicen lo mismo. Y los mandan a pedir una visa que obviamente nos les van a dar porque están de ilegales”, dice con enojo.

Noriega también critica la cantidad y tipo de documentación que exige el DEM para acreditar la condición de refugiado: “Yo salí de mi país porque me estaban persiguiendo. Eso es un hecho objetivo, no es un temor en el aire. No salgo preparado con pruebas y documentos, porque está en juego mi  vida ¿Le iba a pedir al que me quería matar que por favor firmara una declaración jurada? Es una estupidez. Y, más encima, tienes que presentar los documentos en un plazo de diez días”.

Además, critica la posición del Estado frente a la fuerte inmigración haitiana luego del terremoto de 2010. “Un haitiano no es un inmigrante cualquiera, porque salió de su país por motivos humanitarios. Entonces si le niegan el refugio y quiere quedarse en Chile, tiene que laborar. Pero para poder optar a un empleo, les solicitan la visa a la hora de hacer el contrato y, a la vez, para poder acceder a una visa se trabajo se les exige un empleo estable con contrato. Es una trampa”, concluye Noriega.

Según indican cifras del Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior, el total de la población extranjera residente en Chile es de 352 mil 344 personas. Es decir, el 2,08% del total de quienes habitan en el país son extranjeros. Se caracteriza, entre otros factores, por una población en edad activa (85% está entre 16 y 59 años), educada y que migra para trabajar, mayoritariamente femenina y de origen latinoamericano.

En Estación Central se ubica la Organización Sociocultural de los Haitianos en Chile (OSCHEC). Adneau Desinord, presidente de la organización, es abogado. Vino a buscar paz y nuevas oportunidades. Sufre porque la prensa transmite reportajes e imágenes que incentivan estereotipos erróneos sobre la población refugiada, dañando la dignidad de estas personas así como instalando en el imaginario ciudadano una visión negativa y xenófoba de la población refugiada en Chile.

“Para llegar a Chile hay que tener mínimo dos millones de pesos ¿Tú crees que cualquier persona puede juntar esa plata? Somos personas de clase media que podríamos sobrevivir en Haití, pero como consecuencia de la inestabilidad política y económica, tuvimos que salir. Acá venimos a trabajar, porque creemos en salir adelante. Si quisiera robar, me quedo en Haití, porque me hago más plata”, cuenta Desinord.

Asimismo, siente que en este país no hay integración entre los chilenos, porque no todos tienen acceso a educación o salud. Asume entonces para los inmigrantes tiene que ser mucho más difícil.
“Acá, trabajando en el McDonald’s, estaba limpiando una mesa y llega una joven y me pregunta de qué nacionalidad soy. Le dije haitiano, porque estoy muy orgulloso de eso. Y me dijo: ‘oh, pobrecito ¿Cuánto tiempo llevas acá?’ Le respondí que cuatro años y me preguntó: ‘¿Tienes dónde dormir?’ Yo lo consideré como un insulto ¡Cómo cree eso después de cuatro años! Para los inmigrantes la primera preocupación es el arriendo. Y al final de la conversación me dio 500 pesos. Y le dije que yo no necesitaba su lástima, que mejor le fuera a dar a otros chilenos que piden 100 pesos y que sí están en la extrema necesidad, mucho más que yo ¿Y derecho a vivienda? Yo estoy hace cuatro meses buscando arriendo. Yo llamo y me dicen: ‘Señor, no arrendamos a extranjeros, menos a los haitianos, porque son los más pobres del mundo’ He intentado buscar abogados pero ninguno es experto en migración entonces no me ayudan”, cuenta con impotencia.

Mikens Supreme, director de comunicaciones de la OSCHEC, estudió lingüística. Habla español, inglés, francés, creole haitiano. Hoy trabaja repartiendo cartas porque es el único trabajo que pudo conseguir. Tiene una hija de dos años en Haití, a la que debe enviar dinero todos los meses. No puede ejercer su profesión, porque su título no tiene validez en Chile. Su sueño es reencontrarse con su familia, de la que él no eligió separarse, en un Haití en paz y autónomo.


Los políticos han llamado a mesas de trabajo con diversas organizaciones para participar en la redacción a la modificación de la ley migratoria de Chile. Tanto el Comité de Refugiados Peruanos en Chile como la OSCHEC participarán en esto.
Adneau Desinord - Presidente de la OSCHEC

miércoles, 5 de junio de 2013

Foro presidencial “El Estado que queremos”

Candidatos dan propuestas educacionales divergentes

Los candidatos presidenciales no dudaron en debatir sobre sus desacuerdos en materia de educación. La principal diferencia se presenta en la gratuidad universal de la educación y si esta debiese ser garantizada como derecho universal o sólo para personas incapaces de pagar por ella.

Tania Elizabeth Díaz González

La educación ha sido la gran protagonista de los movimientos ciudadanos. Por eso, los candidatos presidenciales deben dar respuestas si quieren ganar votos en las próximas elecciones. La principal diferencia de sus planes de trabajo está definida por si debería  o no ser gratis la educación para alguien que puede pagarla.

En el foro “El Estado que queremos”, organizado por la Universidad de Chile, no dudaron en manifestar sus desacuerdos en educación. Marco Enríquez-Ominami, Tomás Jocelyn-Holt, Alfredo Sfeir y Andrés Velasco; aunque se definen opositores al actual Gobierno, no están de acuerdo en cómo enfrentar la crisis que atraviesa la enseñanza.

Sfeir, del Partido Ecologista, afirmó estar de acuerdo con una educación gratuita y de alta calidad. Pero enfatizó en la necesidad de cambiar el enfoque a uno más integral y sustentable. “Debe ser un momento de transformación, no solo para saber, sino también para el ser. Hoy hay estudiantes que saben, pero no entienden dónde tienen que estar. Me preocupa que se le obligue a nuestros niños a ir al kindergarten, sin definir el contenido del kindergarten”, comentó.

Jocelyn-Holt criticó duramente la propuesta de Ominami: “Yo no le voy a financiar la educación a una niñita que llega en un BMW a la facultad de derecho. No es suficiente que la familia de esa niñita pague impuestos”. Agregó: “Hay problemas que la propuesta de Marco no resuelve. Por ejemplo lo de la deserción escolar, que hoy es superior al 40%. Tampoco asume que necesitamos una reforma de capital en el modelo público universitario”. Holt propuso dar un arancel diferenciado, como los que se hacen con el agua o la electricidad, para todo quienes estén en el sistema y no sólo para las personas que tienen beneficios, increpando a Velasco.

Velasco recordó que, aunque cuando fue ministro se aumentó el gasto público en educación de cinco a once mil millones, los recursos siempre van a ser escasos. Reiteró estar en contra de educación gratis para todos: “Creo en la gratuidad para todo joven que viene de una familia que no pueda pagar. No me parece que una reforma tributaria sea suficiente para que el Estado deba pagarle la universidad. Porque los ricos no sólo deben pagar sus impuestos, también deben pagar su educación”. Finalizó declarando que el deseo de gratuidad respondía a deseo de un sistema universitario más integrado y menos segregado, pero que la gratuidad no era sinónimo de integración.

Ominami defendió su ideal de gratuidad universal: “Para mí el hijo de rico no es rico, porque el rico es el papá y debe pagar más impuestos. La gratuidad no tiene que ver sólo con un acceso económico. Es un derecho que debe ser garantizado”. Aunque hizo excepciones. “No es para todos. Va a ser para las universidades estatales, laicas y republicanas. No estoy pensado en la Universidad Católica”, concluyó.

De los cuatro, tanto Velasco como Holt están en contra de una educación gratis para todos, mientras Sfeir y Ominami la defienden con energía.

domingo, 2 de junio de 2013


Escapar del frío en el Víctor Jara
Cerca de 300 personas, pasarán los siguientes días de invierno en el Estadio Víctor Jara, habilitado como albergue en la comuna de Santiago. Distintas razones, que incluyen drogadicción, alcoholismo y discapacidades mentales, hacen el ambiente sea a ratos caótico.
Tania Elizabeth Díaz González
Todo el mundo corre dentro del estadio Víctor Jara. Aunque este año se prometieron camas y camarotes dentro del albergue, la mayoría de colchones están aún en el suelo. No hay suficiente personal y, hasta ahora, se han negado a trabajar con voluntarios. Quienes llegan huyendo del frío no se quejan, es mejor que la calle. Faltan almohadas, hay quienes acaparan frazadas y una persona en el fondo grita que le lleven un ‘alprazolam’. El corredor de seis por dos sirve como pieza y tiene una estufa a gas en la entrada.
5729 personas viven sin techo en la Región Metropolitana, según el catastro realizado por el Ministerio de Desarrollo Social. En la época de frío, la mayoría busca refugio en los albergues habilitados por el Gobierno.
Patricio “Pato” Galleta tiene 56 años y la noche del 15 de mayo, la más fría de lo que va del año, durmió en el parque Los Reyes. Él vaga por las calles de Santiago desde hace más de diez años, pero no pide limosnas. Trabaja en la Vega Central, donde vende adivinanzas: “Son muy igualitos y cuando están viejitos, abren los ojitos. Al mejor postor la vendo ¡El que sabe,  sabe y el que no, aplaude!”, dice mostrando su sonrisa sin dientes.
A la mañana siguiente, un feriante le contó que ya habían habilitado un albergue, en el estadio Víctor Jara. Pato Galleta recogió sus cosas en un saco y llegó temprano al estadio.
El lugar le trae recuerdos. Cuando joven fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile (MIR). Y, como los que ayudan al correcto funcionamiento del establecimiento, fueron militares los que a culatazos le botaron los dientes por andar protestando.
Son las 5 de la tarde en punto y todavía no abren las puertas. Ya se encuentran más de veinte personas esperando impacientes. Buscan una ducha caliente, cena y abrigo. En la fila abundan las risas y chistes. Casi todos ellos se conocen. Duermen en parques, afuera de hospitales, en las laderas del Mapocho y pasan los inviernos juntos. Han hecho de la calle su hogar y se ayudan como familia.
Blanca vivía en un campamento en Renca junto a su esposo y su hijo. Hace un año, el Gobierno los sacó de la orilla del canal San Carlos. Ahora está a la espera del subsidio prometido, el que cumpliría su sueño de tener una casa básica a los pies del cerro Renca en 2014.
Antes de que habilitaran el albergue, Blanca y su familia dormían bajo uno de los tantos puentes que cruzan el río Mapocho. No pasaban hambre, porque iban a cenar al Hospital San José. Allí, todos los días a las 9 de la noche, van comunidades de hermanos evangélicos a entregar comida y café para el frío.
Después de más de 40 minutos y, ante los gritos molestos de quienes estaban esperando con ansias, las puertas se abren. Un equipo de Carabineros se ubica en la calle, con la misión de mantener el orden. En la entrada los encargados son, en su mayoría, militares.
En el recibidor, lo primero que salta a la vista son las imágenes de personas que están desaparecidas. Familiares llegan todas las noches preguntando si los han visto y dejan una foto como recordatorio. No pierden la esperanza de que, buscando refugio en el lugar, su ser querido sea encontrado.
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El proceso para ingresar es lento, porque prima la seguridad.
Todo el que entra es primero revisado con un detector de metales portátil.
Después, dan palmadas por encima de la ropa, buscando algún objeto ilegal. Los militares requisan todo elemento corto-punzante y bebidas alcohólicas, porque adentro hay ley seca. Deben inspeccionar todas las pertenencias, abren las mochilas, sacos y bolsas, verifican los bolsillos.
Los cuchillos, limas o navajas encontrados irán, marcados con el nombre del propietario, a un cajón. Así, quien se retire por la mañana puede llevarse lo que le pertenece.
Finalizada la revisión, otro militar entrega dos fichas plásticas de colores. La primera sirve para retirar el conjunto de útiles de aseo, que contiene champú, jabón y una toalla para ducharse cómodamente. La otra ficha es para la comida, que incluye cena y desayuno.
Lo último antes de entrar, es decir el RUT o nombre a quien esté llevando el registro computacional. Los datos se anotan en una planilla de Excel e indica a quiénes y a cuántos se está beneficiando con el programa.
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José Luis Antonio, conocido como “la loca del impermeable”, es alcohólico. Sabe que le va a costar mantenerse toda la noche sin beber, por eso pone su máximo esfuerzo en esconder su vicio. “Estos no me van a querer revisar la cosita”, ríe mientras oculta la botella con alcohol en su calzoncillo. “Yo tengo poderes: ¡Soy súper borracho!”, grita mientras gira y termina de beber otra botella que andaba trayendo. Como la ley seca es adentro, las personas con hálito alcohólico pueden ingresar sin problemas. No las hacen subir escaleras, las mantienen más vigiladas y, si molestan mucho, las obligan a ir a acostarse. Una parte del lugar es de uso exclusivo para los hombres que llegan ebrios.
En el comedor, señoras de una empresa especializada en distribución de alimentos, calientan la comida. Una bandeja con lentejas, pan y jugo en caja. Un monitor vigila que no se repitan la ración, porque las mujeres no son capaces de negarse. Cuando el monitor se va, ellas les regalan más jugos y pan, que ellos esconden en sus bolsillos.
En el segundo piso, hay otra área es exclusivamente para mujeres o parejas. Allí, en un colchón de plaza y media, pueden descansar: “Apretaditos es más calentito, más rico. Sabemos que acá es el ‘Motel Víctor Jara’ y lo aprovechamos”, comenta con picardía Pepe, quien vaga con su pareja por la ciudad hace poco más de dos años. Acaban de tener trillizas, que nacieron prematuras y están internadas en el Hospital San José.
Ellos solían tener una casa, en Puente Alto. Pepe fue despedido y no conseguía encontrar trabajo. Buscó consuelo en la droga y su pareja también empezó a consumir. Al tiempo,  perdieron la casa. Pasan temporadas en albergues, en la calle, han arrendado una pieza. Ambos van al patio interior a fumar con regularidad, para tratar de calmar sus nervios. Tienen planes de arrendar un lugar barato, que sirva de hogar a su nueva familia.
El Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) hicieron un acuerdo y seis personas estarán dando apoyo como monitores en el albergue, ante situaciones que requieran una intervención “más humana que militar”.
Patricia es trabajadora social y monitora. Aunque realiza feliz su labor, lamenta que, a su juicio, lo que se está haciendo es mitigar la consecuencia y no subsanar una de las causas que llevan a las personas a la calle.
“En Chile no hay buenos programas de rehabilitación. Tú ves que hay gente profesional que, por culpa de la droga, termina destruida y viviendo en la calle. Necesitamos rehabilitarlos, reinsertarlos en la sociedad”, afirma Patricia.
Dania también es monitora y se tituló recientemente de psicología. “Ahora el tema es contingente, pero el programa dura hasta el 15 de septiembre. Y los monitores vamos a tener que estar ahí, escuchándolos, tocándolos. La gente pelea fuerte, se pone complicada y ahí hay que pedir ayuda a los militares. En un albergue se viven situaciones al límite todo el tiempo. Hay que intentar mantener el control en una situación que es, por naturaleza, extrema”, señala.
En una cama, una señora de unos 70 años tose muy enferma. Dania llama al equipo médico, que se ubica junto al comedor. Suben una doctora y dos paramédicos para revisarla. Después del examen físico y muchas preguntas, se le diagnostica una bronquitis obstructiva. La doctora le receta un jarabe y otras pastillas. El paramédico irá en la mañana a ver cómo sigue. El equipo se retira.
Son las 10 de la noche y los monitores piden silencio. Las luces se apagan pasillo por medio. Ya es hora de dormir.